Nuestra lucha, más allá del 8 de marzo

Nuestra lucha, más allá del 8 de marzo

Por Patricia Carrillo Montenegro

El 8 de marzo es un día muy significativo especialmente para las mujeres porque se conmemoran nuestras luchas por el reconocimiento de nuestros derechos. Si bien nació como una reivindicación de las mujeres trabajadoras, conmemorando distintos hechos en diferentes momentos ocurridos en Estados Unidos en el mes de marzo, como una huelga de trabajadoras de confecciones en 1857 y el sacrificio de más de 100 trabajadoras textiles, en su mayoría inmigrantes de Europa del Este e Italia, quienes perdieron la vida en un incendio en una fábrica textil en 1911, en el transcurso de la historia y gracias al trabajo del movimiento feminista peruano, el 8 de marzo se ha convertido en una fecha en la que las mujeres denunciamos todas las discriminaciones y violencias que sufrimos a lo largo de nuestra vida, pero también los avances en el logro de nuestros derechos y aquellos asuntos que nos interesa colocar en la agenda pública. Entonces, el real significado del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, es recordar que, a pesar de todo el progreso y el avance de nuestras sociedades, las mujeres seguimos siendo oprimidas de muchas formas como, por ejemplo, con la apropiación de nuestra fuerza de trabajo en los hogares, la imposición de la violencia como una forma de control masculina, la falta de acceso a espacios de toma de decisiones, la imposibilidad de decidir sobre nuestra reproducción y la invisibilidad de nuestro aporte social y económico a través de los cuidados que proveemos a través de nuestro trabajo doméstico, así como del trabajo en el campo y la defensa de nuestro territorio.

Como decimos, no es un día de celebración, sino un día de conmemoración. No queremos que nos digan “Feliz día de la mujer”, sino, que las personas, la sociedad y el Estado se comprometan con las transformaciones necesarias para alcanzar la plena igualdad y no discriminación.

Asimismo, de nuestras autoridades, debemos esperar que atiendan de manera urgente y efectiva los graves problemas que se derivan de la desigualdad de género. El primero es la violencia machista. En enero y febrero de este año, los Centros de Emergencia del MIMP han atendido 25,788 casos de violencia, de los cuales el 85,7% ha estado dirigida a mujeres.

Si miramos el departamento de Piura, que ocupa el 7° puesto a nivel nacional con 1015 casos, encontramos que el 89% de las víctimas son mujeres. En este departamento, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, el 63,8% de mujeres alguna vez unidas, de 15 a 49 años, han sufrido alguna vez violencia por parte de su esposo o compañero. Y si sumamos los feminicidios del año 2020 más los de enero y febrero de este año, tenemos 154 feminicidios y 381 tentativas de feminicidios.

No podemos tener instituciones y autoridades que aparecen cuando las mujeres han sido masacradas o asesinadas, después de haber hecho caso omiso a sus denuncias, después de haber liberado a sus agresores y después de haberlas culpabilizado de la violencia, justificando la conducta del agresor. Necesitamos programas que, desde nuestras edades más tempranas en la escuela y en la comunidad, favorezcan la construcción de relaciones de respeto entre mujeres y hombres, para que a ningún hombre se le ocurra jamás que las mujeres son objetos que pueden someter a su voluntad y que las mujeres aprendan a no dejar pasar la más mínima actitud de violencia y control por parte de los hombres. Lo segundo es promover el empoderamiento de las mujeres, que esté basado en la autonomía física como la capacidad para decidir sobre su cuerpo y sus afectos; la autonomía económica, como la capacidad de generar y decidir sobre los recursos que genera; y la autonomía en la toma de decisiones, que es la capacidad de decidir sobre absolutamente todos los asuntos que afectan su vida.

¿Por dónde empezar?

Pues, a nivel de hogares y comunidad, es indispensable empezar por una educación laica con enfoque de género que incluya una educación sexual integral que prevenga el abuso sexual y el embarazo en las niñas y adolescentes y que incluya la formación docente; asimismo, prevenir y sancionar de manera efectiva el acoso sexual callejero, el hostigamiento sexual laboral y todas las formas de violencia basada en el género; reconocer el aporte económico del trabajo doméstico no remunerado que realizamos principalmente las mujeres y que de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, representa la quinta parte del PBI, pero que a la vez nos convierte a las mujeres en un sector que sufre pobreza de tiempo y ello es una enorme limitación para acceder a oportunidades de educación, capacitación, empleo y participación ciudadana y política; y finalmente, trabajar con aquellos hombres que necesitan con suma urgencia, deconstruir su masculinidad machista, violenta y feminicida.

 

 

 

Autor

  • Patricia Carrillo Montenegro Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado en áreas vinculadas a participación política y ciudadana, políticas públicas, enfoque de género, gestión por resultados y derechos de la mujer.

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